Los cambios legislativos sobre el aborto en España:
- Octubre de 1983. El Congreso de los Diputados aprueba la ley orgánica que despenaliza la interrupción del embarazo en caso de riesgo físico o psíquico para la salud de la mujer sin límite de tiempo, malformaciones graves del feto (hasta un máximo de 22 semanas) o violación (hasta las 12 semanas).
- Abril de 1985. El Tribunal Constitucional falla en contra de la ley por considerar que no garantiza el derecho a la vida y a la integridad física de la mujer. La sentencia habla del nasciturus (no nacido) como un "bien jurídicamente protegido" y establece que los derechos de la mujer no pueden tener "primacía absoluta" sobre los del feto, salvo en los tres supuestos que contempla la ley.
- Julio de 1985. El Gobierno modifica la norma: un médico especialista deberá emitir un informe en el supuesto de riesgo para la madre, y el Estado tendrá que garantizar la comprobación de los casos y la realización de abortos en centros públicos o privados debidamente
autorizados. Además, "en caso de urgencia por riesgo vital para la gestante" podrá precindirse del dictamen médico prescriptivo y del consentimiento expreso de la mujer.
En el mes de agosto entra en vigor la Ley Orgánica 9/85.
- Julio de 1995. El Ejecutivo presenta un anteproyecto para despenalizar un cuarto supuesto: si el embarazo supone un conflicto personal, familiar o social para la mujer, esta podrá interrumpir su gestación hasta la semana 12. El Congreso de los Diputados aprueba la iniciativa, pero la convocatoria anticipada de elecciones y la oposición de Partido Popular y CiU impiden que llegue a tiempo al Senado.
- Febrero de 2007. Agentes del Seprona se presentan en la clínica madrileña Isadora, supuestamente para revisar la gestión de residuos. Abren los contenedores sin autorización judicial y consiguen iniciar un caso. En noviembre de 2009 la Justicia decide que no hay pruebas de que el centro practicase abortos fuera de plazo.
- Julio de 2007. Comienza la investigación judicial de tres clínicas del grupo Ginemedex-TCB en Barcelona tras la denuncia de un grupo católico. El director, Carlos Morín, su esposa y varios trabajadores entran en prisión por realizar interrupciones de embarazos de hasta 30 semanas. En enero quedan en libertad Morín, su mujer y una colaboradora, pendientes de juicio.
- Septiembre 2009. El Congreso aprueba el anteproyecto de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo: permite el aborto libre hasta las 14 semanas y hasta las 22 semanas en caso de riesgo para la salud de la mujer o anomalías graves del feto. A partir de los 16 años, las menores pueden abortar sin informar a los padres si sufren una situación familiar problemática.
- 17 de diciembre de 2009. El Congreso aprueba la nueva ley con 184 votos a favor (PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y dos diputados de Convergencia (CDC-CIU), 158 en contra (PP, CC, los cuatro de Unió (UDC-CiU), tres de Convergència, UPN y UPyD). La otra diputada de Convèrgencia, Inmaculada Riera, fue la única abstención y el popular José Madero votó, por error, a favor de la norma.
- 1 de junio de 2010. El PP recurre ante el Tribunal Constitucional y solicita la suspensión de la entrada en vigor de la ley. El Gobierno de Navarra también presenta un recurso alegando que invade competencias de la comunidad, donde actualmente no se realizan interrupciones del embarazo.
- 24 de junio de 2010. Los grupos parlamentarios Nafarroa Bai, PSN e IU se unen para aprobar una proposición de ley que garantice el derecho a abortar en Navarra.
- 5 de julio de 2010. Entra en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, a la espera de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los recursos del PP y del Gobierno de Navarra.
- Octubre de 1983. El Congreso de los Diputados aprueba la ley orgánica que despenaliza la interrupción del embarazo en caso de riesgo físico o psíquico para la salud de la mujer sin límite de tiempo, malformaciones graves del feto (hasta un máximo de 22 semanas) o violación (hasta las 12 semanas).
- Abril de 1985. El Tribunal Constitucional falla en contra de la ley por considerar que no garantiza el derecho a la vida y a la integridad física de la mujer. La sentencia habla del nasciturus (no nacido) como un "bien jurídicamente protegido" y establece que los derechos de la mujer no pueden tener "primacía absoluta" sobre los del feto, salvo en los tres supuestos que contempla la ley.
- Julio de 1985. El Gobierno modifica la norma: un médico especialista deberá emitir un informe en el supuesto de riesgo para la madre, y el Estado tendrá que garantizar la comprobación de los casos y la realización de abortos en centros públicos o privados debidamente
autorizados. Además, "en caso de urgencia por riesgo vital para la gestante" podrá precindirse del dictamen médico prescriptivo y del consentimiento expreso de la mujer.En el mes de agosto entra en vigor la Ley Orgánica 9/85.
- Julio de 1995. El Ejecutivo presenta un anteproyecto para despenalizar un cuarto supuesto: si el embarazo supone un conflicto personal, familiar o social para la mujer, esta podrá interrumpir su gestación hasta la semana 12. El Congreso de los Diputados aprueba la iniciativa, pero la convocatoria anticipada de elecciones y la oposición de Partido Popular y CiU impiden que llegue a tiempo al Senado.
- Febrero de 2007. Agentes del Seprona se presentan en la clínica madrileña Isadora, supuestamente para revisar la gestión de residuos. Abren los contenedores sin autorización judicial y consiguen iniciar un caso. En noviembre de 2009 la Justicia decide que no hay pruebas de que el centro practicase abortos fuera de plazo.
- Julio de 2007. Comienza la investigación judicial de tres clínicas del grupo Ginemedex-TCB en Barcelona tras la denuncia de un grupo católico. El director, Carlos Morín, su esposa y varios trabajadores entran en prisión por realizar interrupciones de embarazos de hasta 30 semanas. En enero quedan en libertad Morín, su mujer y una colaboradora, pendientes de juicio.
- Septiembre 2009. El Congreso aprueba el anteproyecto de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo: permite el aborto libre hasta las 14 semanas y hasta las 22 semanas en caso de riesgo para la salud de la mujer o anomalías graves del feto. A partir de los 16 años, las menores pueden abortar sin informar a los padres si sufren una situación familiar problemática.
- 17 de diciembre de 2009. El Congreso aprueba la nueva ley con 184 votos a favor (PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y dos diputados de Convergencia (CDC-CIU), 158 en contra (PP, CC, los cuatro de Unió (UDC-CiU), tres de Convergència, UPN y UPyD). La otra diputada de Convèrgencia, Inmaculada Riera, fue la única abstención y el popular José Madero votó, por error, a favor de la norma.
- 1 de junio de 2010. El PP recurre ante el Tribunal Constitucional y solicita la suspensión de la entrada en vigor de la ley. El Gobierno de Navarra también presenta un recurso alegando que invade competencias de la comunidad, donde actualmente no se realizan interrupciones del embarazo.
- 24 de junio de 2010. Los grupos parlamentarios Nafarroa Bai, PSN e IU se unen para aprobar una proposición de ley que garantice el derecho a abortar en Navarra.
- 5 de julio de 2010. Entra en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, a la espera de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los recursos del PP y del Gobierno de Navarra.
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