- Periodo de reflexión: Para que una mujer pueda abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación que establece la ley, deberán haber transcurrido al menos tres días desde que solicitó la intervención. La norma obliga a las clínicas que hagan abortos a dar un sobre a cada mujer con información sobre las ayudas públicas de apoyo a la maternidad. De esta forma, se establece un periodo de reflexión, como solicitaban los partidos conservadores.
La elaboración del contenido de estos sobres, incluido en uno de los dos reales decretos que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de junio, ha suscitado las críticas de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai).
Estos centros privados, que han realizado el 98% de los abortos en los últimos 25 años, denunciaron el jueves pasado que las autonomías aún no les habían hecho llegar los sobres para dárselos a las mujeres. El secretario general de Sanidad, insistió el sábado a Público que entregó esta información a las autonomías "hace tres semanas". Gobiernos regionales como el madrileño y el valenci
ano aseguraron el viernes pasado que estaban ultimando la preparación.
- Servicio público: El aborto es una prestación más de la sanidad pública. Hasta ahora, cada autonomía asumía un porcentaje distinto del coste de la intervención, en hospitales públicos o clínicas privadas. Hasta el momento, sólo Catalunya ha avanzado cuál será el sistema que empleará: la red pública hará los abortos a partir de enero. Hasta entonces, funcionará con una red de centros concertados.
Además, cada autonomía deberá prestar el servicio dentro de su territorio. Navarra ha anunciado su negativa a hacerlo, aunque su Parlamento tramita una ley para garantizar la prestación. Hasta ahora, ha derivado a todas las mujeres a abortar en otras autonomías. La ley establece que esto sólo se podrá hacer en situaciones "excepcionales". José Martínez Olmos recuerda que el incumplimiento de la norma "tendría consecuencias jurídicas". Por su parte, Isabel Martínez espera que "las autonomías sean responsables". Si no, recuerda que el Estado tiene capacidad sancionadora.
La elaboración del contenido de estos sobres, incluido en uno de los dos reales decretos que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de junio, ha suscitado las críticas de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai).
Estos centros privados, que han realizado el 98% de los abortos en los últimos 25 años, denunciaron el jueves pasado que las autonomías aún no les habían hecho llegar los sobres para dárselos a las mujeres. El secretario general de Sanidad, insistió el sábado a Público que entregó esta información a las autonomías "hace tres semanas". Gobiernos regionales como el madrileño y el valenci
ano aseguraron el viernes pasado que estaban ultimando la preparación.- Servicio público: El aborto es una prestación más de la sanidad pública. Hasta ahora, cada autonomía asumía un porcentaje distinto del coste de la intervención, en hospitales públicos o clínicas privadas. Hasta el momento, sólo Catalunya ha avanzado cuál será el sistema que empleará: la red pública hará los abortos a partir de enero. Hasta entonces, funcionará con una red de centros concertados.
Además, cada autonomía deberá prestar el servicio dentro de su territorio. Navarra ha anunciado su negativa a hacerlo, aunque su Parlamento tramita una ley para garantizar la prestación. Hasta ahora, ha derivado a todas las mujeres a abortar en otras autonomías. La ley establece que esto sólo se podrá hacer en situaciones "excepcionales". José Martínez Olmos recuerda que el incumplimiento de la norma "tendría consecuencias jurídicas". Por su parte, Isabel Martínez espera que "las autonomías sean responsables". Si no, recuerda que el Estado tiene capacidad sancionadora.
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