Parece mentira que estando en el siglo XXI y en plena constatación de los derechos democráticos y sociales de la sociedad española, existan colectivos políticos y religiosos que sigan poniendo cortapisas ante las leyes sobre el aborto aprobada y ratificada por el gobierno elegido por la mayoría de los españoles. Si se quiere igualdad de derechos hemos de partir de la base del precepto de la libertad individual y personal, aparcando ideologías anquilosadas de reminiscencias inquisitoriales.
Maria R. Sahuquillo, desde "El País", explica los acontecimientos del día de la implantación de la nueva ley del aborto y sus inmediatas consecuencias. Hemos transcrito este interesante y objetivo texto informativo:
"La ley del aborto entró en vigor ayer en medio de amenazas de boicoteo por varias comunidades. Algunas autonomías han empezado ya a poner palos en la rueda de la norma de plazos. La rebelión adopta distintas formas: carencias en la documentación informativa que debe recibir la mujer, vaguedades en los conciertos con la sanidad pública o derivaciones inútiles para dificultar la prestación. También desafíos claros a la regulación como el de Murcia o Navarra. Otras comunidades amagaron pero no dieron: Galicia se desdijo de su anuncio de que no entregaría la documentación requerida a las mujeres, y Madrid aclaró que no incumplirá la ley pese a que anima a los profesionales a la objeción de conciencia.
El más claro fue el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP), quien declaró que "no hay razones" para acatar la ley porque "todavía no está en su punto y final". Esta región, explicó Valcárcel, esperará a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso interpuesto por el Partido Popular, que ha solicitado que se paralice la norma. La portavoz de Igualdad del PP, Sandra Moneo, aseguró ayer, que entiende actitudes como la del Valcárcel. "Comprendemos las dudas de aplicar una ley tan manifiestamente inconstitucional", dijo.
Los ministerios de Sanidad e Igualdad, por su parte, avisaron de que están "vigilantes" ante los incumplimientos de la norma, que establece un plazo de aborto libre hasta la semana 14. Isabel Martínez, secretaria general de Políticas de Igualdad, tachó ayer de "irresponsable" la actitud de Valcárcel y recordó que existen procedimientos sancionadores para las regiones que incumplan.
Pero a falta de una acción clara por parte del Gobierno, no está claro qué va a ocurrir en las comunidades incumplidoras, como Murcia, una región donde, en 2008, se practicaron 5.000 abortos, y la actitud respecto a la ley de plazos es de insumisión. Además de porque esperan el dictamen del Constitucional, fuentes del Gobierno murciano explicaron que tienen otro motivo para no aplicar la regulación: "Enviamos una carta a Sanidad para que nos aclarase cuestiones de la ley y no hemos recibido respuesta".
Pero Murcia no es la única que desafía la norma. Navarra -gobernada por UPN con apoyo del PSOE, y que también ha recurrido al Constitucional la ley por "invasión de competencias"- seguirá sin practicar abortos, según confirmó la consejera de Sanidad María Kutz. A pesar de que la ley marca que todas las mujeres tienen derecho a someterse a esta intervención en su territorio "salvo cuestiones excepcionales", Navarra seguirá derivando a las mujeres a abortar a otras regiones. Una salvedad que no supone, para Kutz, un incumplimiento.
A la amenaza murciana se sumó ayer otra comunidad, Galicia, que amagó con incumplir la ley pero que más tarde reculó. La Xunta declaró el viernes que no introduciría información propia de ayudas a las mujeres que quieran abortar en el sobre que, por decreto, las autonomías deben dar a las gestantes. "Seremos meros transmisores de Madrid", dijo un portavoz de la Consejería de Sanidad. Un claro incumplimiento, según Igualdad, del que el Gobierno gallego se desdijo a lo largo de la tarde de ayer, cuando colgó la documentación en la web.
También Valencia o Baleares mostraron dificultades para cumplir la norma. Ambas no tenían lista la documentación hasta ayer por la tarde, según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, que debía recibirla.
Pero acatar la regulación, aunque sea a última hora, no significa aplicarla de manera efectiva. Madrid se apresuró ayer a asegurar que cumpliría, pero el mecanismo que ha adoptado dificulta que la prestación se realice en centros públicos (donde sólo se hacen el 2% de los abortos), uno de los espíritus de la nueva ley. Esta región, además, alienta la objeción de conciencia médica. Un tema polémico, que no ha terminado de desarrollarse. Castilla La-Mancha (que concierta esta prestación con los centros privados) anunció ayer la creación de un registro de médicos objetores. Una vía para determinar cuántos son. Y es que en un sondeo hecho hace unos días a los médicos de los centros públicos, casi el 100% declaró que objetaría.
"Las comunidades están expectantes", insistió la portavoz de Igualdad del PP, que no criticó la actitud obstaculizadora de algunas regiones. "Nos vamos a esforzar para que baje el número de abortos, y para solucionar los problemas reales de las mujeres que se ven obligadas a ello", dijo.
Pero independientemente del color político, hay un incumplimiento casi general de uno de los puntos clave de la ley. Ayer, solo dos comunidades -Andalucía y Cataluña- habían formado el comité médico que deber analizar los casos de malformaciones."
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Pi, Madrid: 05/07/2010, 08:00, Público.
