Para que las mujeres puedan tomar decisiones autónomas sobre su sexualidad, una parte del movimiento feminista ha reivindicado desde los 70 el derecho a un aborto libre y gratuito, pero también a una educación sexual libre de estereotipos sexistas y prejuicios morales, ideológicos o religiosos. Sin esperar a que se reconocieran estos derechos, las mujeres empezaron a practicarlos. Las primeras experiencias de educación sexual surgieron a finales de los 70 con los grupos de autoconciencia y los centros de información sobre anticoncepción y sexualidad, más conocidos como centros de planificación familiar, que se sostenían gracias al trabajo voluntario feminista. En estos centros, a las mujeres de todo tipo se les facilitaba el acceso a anticonceptivos cuando éstos estaban prohibidos y se les ofrecía una atención ginecológica que rompía con el modelo tradicional. Se hablaba sobre preferencias sexuales, hábitos de masturbación o si tenían orgasmos en sus prácticas sexuales.
El desarrollo sano del ser humano es inviable sin una educación afectivo-sexual como política pública
En el siglo XXI, la información y la educación sexual con un enfoque integral siguen siendo necesarias, especialmente para la gente joven. “En nuestros centros (de atención sexual a jóvenes) vemos muchas chicas que usan métodos anticonceptivos y ni siquiera saben cómo funcionan, que han tomado la anticoncepción de urgencia y que han recibido una información mitificada que no tiene nada que ver con la realidad; chicas que se quedan embarazadas, solas o en pareja, sin haberlo planificado; chicas que quieren interrumpir su embarazo y muchas personas que tienen multitud de dificultades en su vivencia de la sexualidad y que buscan terapia”, cuenta Raquel Hurtado, sexóloga de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE). La Organización Mundial de la Salud recomienda que haya un centro específico para jóvenes sobre temas de sexualidad por cada cien mil habitantes jóvenes, pero en el Estado español no superan la docena.
Para Hurtado no es suficiente con decirles a chicas y chicos que tienen que ponerse un preservativo, hay que analizar otras cuestiones: “Por qué no lo hacen, con qué dificultades se encuentran, las actitudes, etc”. Por eso, además de estos centros, la FPFE ofrece educación sexual en centros escolares. “No sólo hablamos de riesgos, también de sentirse bien en lo personal. Vemos un montón de complejos, muchas dificultades a la hora de relacionarse con las personas del mismo sexo o del otro, para hacer frente a la presión de grupo, para comunicarse en la pareja, en lo erótico, etc. y eso son cosas que son educativas de base”.
“El desarrollo sano del ser humano es inviable sin educación afectivo-sexual, es un derecho y una necesidad”, defiende Lorena (que prefiere no dar su nombre real), que participa como educadora en varios programas de educación afectivo-sexual con profesorado y alumnado. Para ella, la educación sexual debe incluir el placer y el fomento de relaciones entre chicas y chicos equitativas y libres de violencia: “Se sigue relacionando la sexualidad masculina con la violencia y el dominio de las mujeres, con un deseo incontrolable. Y se sigue responsabilizando a las mujeres de la violencia sexual, porque persiste una ideología sexista y heteronormativa”. Sin embargo, la demanda histórica de que la educación sexual esté en el currículo oficial junto a las matemáticas o la historia nunca ha sido tomada en serio por el Gobierno español. La LOGSE en 1990 decía que la educación sexual tenía que ser un contenido transversal, por lo que el profesorado tenía que impartirla. Pero nadie le dijo cómo hacerlo y se quedó en papel mojado. Las siguientes reformas, la LOE en 2006 y ahora la ley Wert, han ido dejando de nombrar la educación sexual explícitamente. Actualmente sólo la ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 menciona que la educación sexual es muy importante, pero tampoco establece itinerarios para articularla.
El derecho a la educación sexual depende de si el profesorado quiere incluirla en sus clases o si un ayuntamiento apuesta por ella y destina recursos. En ese caso, no deja de estar a merced de la persona que imparte el taller. Puede ser alguien como Raquel o Lorena o una organización que trabaje desde coordenadas religiosas y que predique una sexualidad ligada a la procreación. También podría ser una empresa de higiene femenina que promociona sus productos.
En algunos centros y comunidades como Madrid, las educadoras sexuales se encuentran con que las chicas y chicos necesitan una autorización familiar para poder ir a sus talleres. “Es una locura. A nadie se le ocurriría sacar a un chico o una chica de una clase de biología porque su padre es creacionista”, opina Raquel. Lorena también se encuentra con resistencias entre el profesorado en la escuela pública: “Hay centros donde no puedes hablar de sexualidad, notas un boicot enorme, una idea retorcida que vincula la sexualidad con algo peligroso, que es pecado”.
Para romper con esa arbitrariedad, organizaciones europeas defensoras de los derechos sexuales y reproductivos han presentado en el Parlamento Europeo el informe Estrela (por Edite Estrela, la europarlamentaria que lo redactó), que junto al derecho al aborto recomienda incluir la educación sexual en la enseñanza obligatoria. Pero el Partido Popular Europeo y el Grupo de Conservadores y Reformistas (GCRE) lo han bloqueado dos veces.
El Gobierno español acató las directrices europeas cuando se trató de reformar la constitución para fijar un límite de déficit público. Pero cuando se trata de regular la educación sexual y de darle a los jóvenes información para que puedan tomar decisiones autónomamente sobre su sexualidad se cierra en banda.
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