¿DE VUELTA AL ABORTO CLANDESTINO? (II)

Rey Novoa ha incidido también en que la interrupción voluntaria del embarazo es una práctica universal, que

se da en todos los lugares y entre todas las mujeres, "y se van a seguir dando a pesar de lo que digan las leyes (...) Las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, sino que aumentan los abortos inseguros".

Este médico ha criticado que el proyecto considera "estúpidas" a las mujeres e iguala a España a las legislaciones más restrictivas.

A este respecto, la doctora Isabel Ramírez, presidenta de la Confederación Iberoamericana de Contracepción, una de las firmantes del manifiesto, ha subrayado que el modelo que se pretende imponer situará a España al nivel de los países en desarrollo.

"La actual ley funciona y no genera ningún tipo de conflicto", ha subrayado el presidente de la SEC, quien ha recalcado que, además, no ha supuesto un aumento del número de abortos.

Según el último informe anual, publicado el pasado mes de diciembre por el Ministerio de Sanidad, el número de abortos realizados en España disminuyó un 5%. Es decir, de los 119.359 en 21011 a los 112.390 en 2012. La mayoría, el 68,1% de los embarazos practicados contabilizaban menos de ocho semanas de gestación.

Hasta la fecha, según el informe, España comparte con la mayoría de países europeos una ley de plazos: una mujer puede interrumpir su embarazo libremente teniendo siempre en cuenta una serie de fechas que van desde las 10 semanas en Portugal, hasta las 24 en Holanda.

Un estudio, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher, recogido en la revista The Lancet, señala cómo la tasa de abortos se ha mantenido estable entre los años 2003 y 2008 con una incidencia de 28 abortos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. Según los datos, América Latina es la región con una mayor tasa de abortos (32 por cada 1.000 mujeres en 2008), seguida de África (29) y Ásia (28). América del Norte y Oceanía registran los índices más bajos, con 19 y 17 respectivamente. Así, el informe muestra una relación clara entre la tasa de abortos y el acceso a métodos anticonceptivos, así como, entre aborto y legislación.

De este modo, concluye el documento que "es innecesaria la modificación de la legislación actual por lo que exigimos se retire el antiproyecto por inadecuado, injusto y peligroso para la salud y vida de las mujeres".