Siempre se ha dicho que el peor gobernante es aquel que legisla de espaldas a la realidad, porque la realidad no conoce de signos políticos, ni de moral, ni de principios religiosos. La realidad es simplemente real y eminentemente tozuda. La realidad del aborto también es persistente, y puede ocurrir que el legislador opte por visibilizar esa realidad y dar a las 118.359 mujeres que abortaron en nuestro país en 2011 una solución legal como hasta ahora; o que por el contrario, trate de invisibilizar la decisión de esas mujeres a través de una ley restrictiva. A estas alturas, un Gobierno debería saber que la ocultación solo es sinónimo de dejar de ver, de tapar; debería saber que tras la espesa cortina de esa hipocresía social, a la que tan adictos son algunos/as de nuestros/as legisladores, existen 118.359 mujeres que buscarán una salida clandestina, ilegal, arriesgada o segura en otro país más avanzado en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de sus mujeres, mientras que España se irá alejando cada vez más del espíritu que animó la redacción de la actual norma.
El Ministerio de Sanidad dio a conocer en su informe del año 2011 que 106.026 mujeres abortaron por voluntad propia en nuestro país durante ese año. Los estudios de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE han evidenciado que 66.107 de esas mujeres abortarían aunque sus circunstancias económicas, laborales o afectivas fuesen diferentes, porque la decisión de interrumpir su embarazo es una decisión íntima y personal. Y ninguna ley les va a hacer cambiar de parecer, por muy arriesgada que sea la decisión que tomen. Negar este hecho es no querer ver.
Ese no querer ver se agudiza cuando la realidad a observar es la de las menores que no han podido comunicar a sus padres la situación gestacional y su decisión de abortar. Y se agudiza porque la coyuntura de esas mujeres de 16 y 17 años culpabiliza a unos/as legisladores/as que no han sido capaces de paliar el día a día de una menor en una familia desestructurada, de solucionar la incierta situación de una inmigrante emancipada, la violación en el seno familiar. ¿Cómo buscar el apoyo de unos progenitores con patologías psiquiátricas invalidantes?, ¿o el de aquellos/as que cumplen pena de prisión? ¿No les parece “violencia” la de aquellos padres que obligan a sus hijas a ser madres en contra de su voluntad? Los/as profesionales de ACAI no podemos abstraernos de las vidas de esas 485 mujeres (el 0’41% del total de mujeres que abortan) no miramos hacia otro lado, no nos agarramos a esa tentación tan recurrente: lo que no se ve no existe. Existen y por mucho que una ley las obligue, no contarán a unos padres inaccesibles o a los que temen, su situación. Bien al contrario buscarán una salida ilegal, clandestina y encubierta. Y como personas que tratamos diariamente con esas menores preguntamos al legislador: ¿las verá usted cuando un titular de prensa ponga al descubierto las consecuencias, en algunos casos irreparables, de su decisión? ¿O tal vez considere dichas consecuencias como un castigo adecuado a su desobediencia?
3.590 mujeres desearon su embarazo y el diagnóstico de una patología fetal trastoco su deseo. ¿Puede imaginar el legislador como es el duelo de esas mujeres? Nosotros/as sí, por eso no queremos pensar que a ese duelo haya que sumarle la obligación de dar a luz un hijo/a que probablemente requerirá cuidados paliativos de por vida. No, no podemos entender que una norma pueda regular legislativamente el grado de dolor que puede soportar una mujer, su hijo/a y sus familias. Para nosotros/as solo la mujer embarazada puede decidir si puede, si quiere o no enfrentar una maternidad compleja y distinta a la que se planteó. Solo ella puede sopesar si quiere o puede ofrecer un tiempo, una constancia, una dedicación de por vida a su hijo/a. Siendo tan merecedoras de respeto las que siguen adelante como las que renuncian a ello.
No quisiéramos abandonar estas líneas sin señalar que los/as denostados profesionales que realizan los abortos solo hacen posible una decisión tomada por la mujer. Ninguno/a obliga a las mujeres a abortar, no “abducen” a las mujeres para que tomen decisiones contrarias a su voluntad. Se limitan a ayudarlas con un coste personal y profesional alto. Si ellos/as no hubieran creado equipos multidisciplinares de gestión privada en este país, el aborto no sería una práctica sanitaria más ni un derecho posible para la mujer. Tanto es así, que a día de hoy se han convertido en una prolongación del sistema sanitario público a través de conciertos con las distintas administraciones; carece por tanto de sentido que el legislador quiera “excluir” a los expertos/as de los diagnósticos previos a la IVE, dejando la valoración de un supuesto en manos de médicos que aventuramos no formados en aborto provocado, no especializados, no concienciados con la situación de la mujer; y lo que es peor condicionados por el carácter restrictivo de la norma.
Como ya viene siendo habitual en España, su ley, Sr. Ministro, cambiará cuando otro gobierno, con una ideología más coherente con la realidad, llegué al poder. En esta ocasión será para volver a acercarnos a Europa, donde los gobiernos, independientemente de su signo político, no cambian las leyes de aborto. Y todo ello ocurrirá porque la realidad de 118.359 mujeres es tozuda, no entiende de su moral, de su ideología, de sus razones “filiales”, personales, ni de los principios “fundamentalistas” de aquellos que le coaccionan con su cuota electoral.
Santiago Barambio es el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) y director de la Clínica Tutor Médica.
Fuente: www.el pais.com
